Las [1] políticas públicas se definen, desde una perspectiva macro, como el rasgo gubernamental de todo régimen político, es decir, el atributo (forma conceptual) y el dispositivo (forma institucional) que un régimen político le confiere a un gobierno para gobernar. Constituyen un atributo por el poder simbólico que entrañan y son dispositivo por el carácter operativo que llevan implícito. Las políticas públicas son el recurso a través del cual la función gubernamental hace que la interacción orgánica entre el Estado, el régimen político y el aparato estatal se exprese y cumpla dentro de un orden establecido.

Desde una perspectiva micro, las políticas públicas se definen como un curso de acción gubernamental o una intervención pública, es decir, una política pública es la dirección que sigue un Estado al ejercer la facultad de gobernar. En cada una de las instancias de gobierno, las políticas públicas se constituyen en el referente crucial que fundamenta su razón de ser en la acción estatal y en la acción pública. Los gobiernos, por esta vía, hacen que la interacción orgánica entre el Estado y la sociedad se exprese y cumpla con un propósito definido.

Las políticas públicas se han convertido tanto en una perspectiva de análisis como en una fuente instrumental sobre la cuál se estructuran acciones encaminadas a la solución de problemas públicos (Abarca, 2002). De esta forma, la variedad de temas que comprenden, van desde: a) la identidad nacional, étnica, cultural, de clase, de género y religiosa; b) aquellos que se refieren a la distribución de funciones entre gobierno y sociedad; c) mecanismos de elección pública y la organización de las acciones colectivas, y d) temas de redistribución del ingreso y de recursos, entre otros (Ayala, 1997).

En el desarrollo de políticas públicas en temas de responsabilidad social corporativa (RSC) es muy relevante el contexto social, cultural y político de cada país. Mientras en algunos países las políticas de RSC se han definido partiendo de temas sociales y han generado políticas públicas independientes, en otros, en cambio, la acción gubernamental se ha incorporado a la política nacional de sostenibilidad (Lozano, 2005). De la misma forma, en algunos casos es la misma actividad empresarial la que ha motivado la regulación en determinados temas principalmente porque se han vulnerado ciertos derechos (individuales o colectivos) y han obligado a los gobiernos a intervenir activamente.El desafío de implementar políticas públicas está pendiente en muchos países, donde la perspectiva de promoción e integración de la RSC ha sido escasa y en muchos casos nula.

En Europa existen algunas iniciativas gubernamentales tendentes a promover la RSC. Suecia, por ejemplo, ha creado el [2] Swedish Partnership for Global Responsibility, un foro interministerial y multistakeholder, que intenta impulsar herramientas como las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ([3] OCDE) y adhesión a los principios del [4] Pacto Mundial por parte de las empresas suecas en el exterior, con una amplia representación de todas las partes interesadas.

De la misma forma, en el Reino Unido el concepto de [5] business in the community responde a la idea de que las empresas tienen un papel fundamental en el desarrollo económico de la comunidad. El gobierno y las empresas usan habitualmente conceptos como "invertir en la comunidad", "implicación en la comunidad", "estrategias de regeneración de zonas desfavorecidas" y "compromiso con la comunidad" para definir su aportación al desarrollo social (Lozano, 2005).

De esta forma, las políticas públicas han ido ganando terreno como una visión que sintetiza el conjunto de proposiciones, decisiones y operaciones dinámicas e interdependientes entre los grupos de interés. Desde la propuesta de que las políticas públicas son todo lo que un gobierno decide hacer o no hacer (Dye, 1975), hasta la propuesta de Oszlak y O´Donell (1976) que define a las políticas públicas como al conjunto de acciones u omisiones del gobierno en materias que concitan el interés general, éstas han ido dando cuenta de la intensidad con la cual los gobiernos intervienen con recursos para influir en determinadas áreas.

Es quizá en el campo de estudio de las políticas públicas y los negocios que se necesite una mayor interacción entre el mundo académico y empresarial. Cabe recordar que en las últimas décadas, los gobiernos han expandido su acción pública afectando, de esta forma, las actividades de las empresas y los centros académicos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ([6] CEPAL) ha hecho un llamado a los países a implementar políticas públicas activas que fomenten el desarrollo económico y social, orientándolas hacia "mercados que funcionen bien y gobiernos de mejor calidad".

En esta perspectiva, un rol más activo de los gobiernos, un número mayor de empresas socialmente responsables y una sociedad civil organizada, permitirán sin lugar a dudas dar un paso fundamental en el balance entre las iniciativas privadas y el interés público.