Según el análisis sobre los nuevos retos de los servicios sociales, realizado en el territorio histórico de [1] Guipúzcoa, la integración de las personas inmigrantes, no se logra únicamente asegurando una serie de servicios o recursos mínimos que cubran las necesidades que estas personas presentan en un primer momento, sino que se podrá conseguir a través del reconocimiento de sus derechos, de la asunción de sus deberes y de la inclusión de estas personas en la comunidad receptora en todo su proceso de asentamiento. Pero mientras esto se consigue, los servicios sociales públicos acompañarán a la persona inmigrante en su proceso de integración en la sociedad de acogida, realizando funciones de información, asesoramiento y orientación y será, como hemos visto, a partir del [2] empadronamiento en el municipio cuando tendrán acceso al sistema de protección social y poder obtener entre otras, la [3] cartilla sanitaria así como a las prestaciones sociales las que tiene derecho. Pero en este camino de acompañamiento, los profesionales de la acción social se están encontrando con una serie de trabas:

• Dificultades jurídicas: Existe un hecho relevante a tener en cuenta y que a pesar de que en la actualidad no se está practicando, la ley lo recoge. Con la modificación de las [4] leyes de extranjería y del Régimen Local a finales del 2003, la policía y del Ministerio del Interior puede tener acceso los datos personales de las personas inmigradas registradas al padrón municipal, realizándose este acceso por vía telemática, sin el conocimiento previo del interesado y sin orden judicial alguna. Este acceso a datos confidenciales representa por una parte una violación al artículo 18 de la Constitución, a la Ley de Protección de Datos y a la Autonomía Municipal y aunque no se está llevando a la práctica por el momento, tendría consecuencias muy negativas sobre los derechos fundamentales de las personas y en la labor profesional de los técnicos en inmigración y trabajadores sociales que desempeñando sus funciones en los servicios sociales se encuentran en una contradicción paradójica. Esta situación provoca que muchas personas inmigradas sin papeles tengan miedo a empadronarse y en consecuencia pierdan el derecho a la sanidad, a la educación y a los recursos de los servicios sociales de la administración pública.
• Dificultades burocráticas:Por otra parte los profesionales han de motivar a las personas inmigrantes a que se empadronen para poder acceder a todas las ayudas y servicios que a partir del empadronamiento pueden acceder no sin avisar de la posibilidad de que esos datos puedan ser recogidos por la policía con las consecuencias que podrían derivar de ello. De esta manera, son los propios municipios los que tendrán que soportar esta situación, teniendo personas no censadas y en consecuencia con dificultades de acceso a estos derechos básicos como puede ser la de la obtención de una prestación económica como la [5] Renta Básica, muchas veces necesaria hasta que las personas inmigrantes accedan al mercado laboral de manera regular, pero que para su solicitud se deberá figurar en el Padrón de cualquier municipio al menos con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud. En el caso de las ayudas de emergencia social el empadronamiento debe ser superior a los seis meses.
• Dificultades a la hora de detectar nuevas necesidades: Analizando las posibles dificultades con las que el colectivo de inmigrantes se puede encontrar al instalarse en un nuevo país, y observando las respuestas que desde el sistema de servicios sociales se está dando, es lícito cuestionarse la idoneidad de los mismos para cubrir, en un primer momento, las posibles [6] necesidades sociales específicas que éstas personas pueden presentar. Estos cambios demográficos y sociales que hoy por hoy son un hecho, en buena medida debido a estos [7] flujos migratorios, contribuyen a que las necesidades sociales sentidas y expresadas por la población sufran cambios. Esto, a su vez provoca modificaciones en los tipos de demandas que la población expresa a los centros de servicios sociales puesto que muchas veces se "pide lo que se conoce". Por lo tanto convendría cuestionarse si el tipo de respuestas o de recursos que se están dando desde las Administraciones públicas son válidas para la realidad demográfica actual.
• Dificultades para abordar nuevas responsabilidades: A partir de la Ley de extranjería a los profesiones de la acción social se les suma en sus tareas ordinarias un nuevo colectivo al que dar respuesta, que además en la mayoría de los casos se encuentra en una situación de irregularidad. Así, irán asumiendo nuevas responsabilidades e irán aprendiendo a desarrollar una serie de tareas nuevas en su ejercicio profesional, como la elaboración de informes de viviendas para la agrupación familiar, informes sobre [8] arraigo social, etc. las cuales requieren necesariamente de una formación específica y especializada sobre materia de inmigración y pautas culturales, para que se puedan idear y generar los recursos más propicios para hacer frente a esta nueva realidad.

A la vista queda las complejidades teóricas y prácticas con la que los servicios sociales se encuentran y que deben tener presentes a la hora de articular estrategias y propuestas para desarrollar y mejorar esta [9] política de integración que partiendo de un enfoque no reduccionista, pudiera permitir el abordaje integral de las necesidades sociales específicas de cada persona inmigrante. Detectando estas necesidades se podrían debilitar los factores de vulnerabilidad social asociados a la condición de la inmigración y favorecería el desarrollo normalizado de la persona en la sociedad de acogida, potenciando las capacidades de cada individuo y utilizando los recursos sociales como instrumentos de ayuda en la consecución de su bienestar y no como un fin en sí mismos.

El concepto de "necesidad social" en su doble dimensión, en cuanto sujetos o individuos particulares, y por tanto, en su especificidad, no "idénticos" a cualquier otro y por otra parte las necesidades en cuanto adscritos a determinado grupo o segmento social con características diferenciales que operan como una "marca" o "distinción" social (1), será un elemento esencial en la estructuración y legitimación de la acción institucional, dirigida a la provisión de servicios y prestaciones de bienestar social.

Todas estas circunstancias seguramente pueden estar ocurriendo en cualquier parte del mundo donde se producen los fenómenos migratorios de un país a otro, situación que cada día no solo lo podemos observar en los países europeos, sino que también lo vemos en otros países de cualquier otro continente. Es posible que algunas Administraciones Publicas no estén preparadas para generar respuestas a este tipo de situación social.

El análisis presentado nos lleva a pensar que, aunque existan sistema de protección social bien consolidados, no son suficientemente necesarios para dar respuestas adecuadas desde la Administración Pública, creo que será completamente necesario formar a los profesionales de la acción social en materia de [10] inmigración y mediación cultural pues ellos puede ser el elemento clave para generar una estrategia socialmente responsable en el proceso de igualdad de las personas inmigrantes. Y ¿Tu que opinas?

(1)LAGUNA ÁLVAREZ, J (2004)" La intervención Social y nuevas necesidades " Ed. Comunidad de Madrid. Madrid