La Responsabilidad Social Empresarial (RSC) está siendo impulsada a nivel internacional por diferentes instituciones y organizaciones conformadas por diversos Estados, los cuales buscan la promoción y el fomento del comportamiento responsables de las empresas. Estas iniciativas consideran, entre otras "una serie de normas o recomendaciones que, si bien no son de obligado cumplimento, sí incorporan un compromiso por parte de los Estados adheridos para fomentar su desempeño en el entramado empresarial de sus respectivos países".La función que han de desempeñar los gobiernos en la discusión y elaboración de políticas públicas tendientes a fomentar y promover la RSC es hoy una cuestión cada vez más recurrente y también necesaria. Distintos organismos internacionales, tales como la Organización de Naciones Unidas ([1] ONU); Banco Interamericano de Desarrollo ([2] BID); Organización de Estados Americanos ([3] OEA) y Unión Europea ([4] UE), han incorporado formal y activamente en su agenda la promoción de RSE, como un imperativo necesario para establecer condiciones que favorezcan un mejor desempeño de la actividad empresarial, mejoramiento de sus relaciones y de la calidad de vida de las personas. Asimismo, iniciativas de países como Inglaterra que ha integrado a su estrategia gubernamental la creación de un Ministerio de la Responsabilidad Social Empresarial; del gobierno español, que ha constituido un [5] Foro de Expertos en RSE que orienta sus actuaciones en estas materias, son indicadores que es una necesidad estratégica por parte de los gobiernos la formalización de temas de RSC.

Sin embargo, este compromiso asumido por los gobiernos enfrenta heterogeneidades importantes entre regiones y países, que se expresa en distintos grados y tipos de avances en la incorporación de la RSC. Esta situación puede explicarse, entre otras, por la fortaleza de los grupos de interés (Stakeholders) directos e indirectos que actúan como grupos de presión frente a las empresas y/o la agenda de prioridades de los gobierno, muchas veces determinadas por la coyuntura político-económica, mas que por una mirada estratégica de desarrollo país.

Las políticas públicas pueden limitar o incentivar la entrada a una industria de nuevos competidores, por ello muchas empresas las ven como una fuente de ventajas competitivas para ellas o para determinados sectores. Sin embargo, también puede constituirse en obstáculos para el desarrollo, a través del exceso de regulaciones y/o leyes que limiten su accionar.

En los últimos años, la RSC se ha trasladado al ámbito público, principalmente desde la perspectiva de la función que han de desempeñar los poderes públicos en esta filosofía, entendiendo que ésta es una vía para favorecer el crecimiento y el desarrollo, pero también muy importante para favorecer actividades y comportamientos empresariales más responsables en los ámbitos económico, social y medioambiental.

Tal cual lo comentaba en un [6] post anterior, en el desarrollo de políticas públicas en temas de responsabilidad social corporativa (RSC) es muy relevante el contexto social, cultural y político de cada país. Mientras en algunos países las políticas de RSC se han definido partiendo de temas sociales y han generado políticas públicas independientes, en otros, en cambio, la acción gubernamental se ha incorporado a la política nacional de sostenibilidad (Lozano, 2005). De la misma forma, en algunos casos es la misma actividad empresarial la que ha motivado la regulación en determinados temas principalmente porque se han vulnerado ciertos derechos (individuales o colectivos) y han obligado a los gobiernos a intervenir activamente. El desafío de implementar políticas públicas está pendiente en muchos países, donde la perspectiva de promoción e integración de la RSC ha sido escasa y en muchos casos nula.