El Estado Vs. la RSE
Los más prestigiosos analistas, tantos europeos como americanos, han señalado el creciente peligro de "desdemocratización" en América Latina. La organización "Transparencia internacional", "las Naciones Unidas", y la misma Unión Europea; han mostrado su preocupación sobre el creciente incremento de prácticas no democráticas en la región. Los informes dan alarma sobre el debilitamiento de las instituciones democráticas y jurídicas que sustentan el tenue Estado Social de Derecho contemplado en la tradición constitucional del continente, por lo menos, desde la década de los 70. Entre las múltiples formas de estrechar las estructuras modernas y modernizadoras de las sociedades, recientemente se ha echado el guante al abuso de conceptos íntimamente vinculados con la ética y la empresa. Nos referimos al uso selectivo de la RSE como arma política para fustigar al sector privado.
Como hemos venido analizando a lo largo de este año en el marco de los post publicados en el blog de industria y servicios de la plataforma virtual de debates "creemos el futuro", la RSE es un concepto que raya entre fronteras indeterminadas. Una de esas zonas limítrofes que configuran los espacios "grises" entre lo que es la RSE y la obligación jurídica, está relacionada con la tesis que asocia a la RSE con responsabilidad obligatoria del empresario previamente tipificada en las legislaciones, inclusive, punitivas. Algunos Estados latinoamericanos, tal y como se constata en la acción administrativa y de gobierno, han construido todo un enramado de coerción al empresario por vía de la RSE. Ante la debilidad de las estructuras económicas del sector privado en Latinoamérica, las clásicas exacciones tributarias ven tocar el límite máximo antes de ingresar en los predios de la confiscatoriedad. Es decir, buena parte de los Estados latinoamericanos que han revivido las nociones sobre el extinto socialismo real, ya no puede ajustar mayores alícuotas en los tributos conocidos, así como resulta una flagrante violación a la Constitución, la creación de otros hechos imponibles artificiales o fuera de la racionalidad económica.
Ahora bien, nos preocupa que para suplir esta voracidad fiscal, los Estados aludidos le echen guante al concepto de la RSE como forma de ir cercando la libertad empresarial. La RSE debe poseer un marco jurídico básico para evitar transformarse en mera "filantropía empresarial". Sobre este aspecto estamos de acuerdo. No hay dudas al respecto. Pero, de allí a convertirla en instrumento de persecución contra la empresa privada es completamente perverso, cuando no contraproducente contra la misma RSE. Por ejemplo, en la próxima reforma anunciada de la Ley del Impuesto Sobre La Renta en Venezuela, la RSE es excluida de las deducciones o beneficios tributarios para los contribuyentes. E incluso, se ha planteado en el seno de la Asamblea Nacional (el equivalente a las Cortes españolas) la creación de un impuesto para la RSE.
El empresariado, y por sobretodo, el que se conduce entre economías subdesarrolladas, ve con suspicacia cualquier fórmula que implique usar parte de sus recursos para actividades no reproductivas de su negocio. Y las regiones que forman estos Estados, por lo general, vislumbran al empresario como un hombre egoísta al cual se debe moralmente explotar para que cubra lo que en principio es responsabilidad del Estado. Frente a este peligro, ¿qué opinan ustedes?.
Tags: América, ética, economía, empresa, Gobierno, industria, política, regiones, RS, RSE, sociedad, TIC, transparencia
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