En este post, de carácter divulgador, se han omitido algunos aspectos técnicos, para que su comprensión no precise conocimientos especializados de ingeniería.La alta dependencia española del petróleo y su precio en constante alza, aconsejan acometer medidas de ahorro, eficiencia y diversificación energética. Consecuentemente, se han creado movimientos ciudadanos para la reducción del consumo de energía eléctrica, que propugnan acciones, en general, de carácter más testimonial que efectivo, porque el aumento sostenido del consumo residencial desmiente las buenas intenciones de gran número de conciudadanos.
Aunque trivial, puede resultar útil la consideración del deterioro de la calidad del suministro eléctrico como un tipo de contaminación; el símil entre la contaminación eléctrica y la hidráulica resulta esclarecedor. El río, en su nacimiento, transporta agua de gran pureza, pero según discurre hacia su desembocadura es contaminado por vertidos de fábricas y ciudades, teniendo que abonar las empresas un canon si superan una determinada tasa de contaminación; para atenuar este efecto se instalan las depuradoras. De igual manera, la energía eléctrica, en su generación, está caracterizada por su pureza, sin embargo, en la red de distribución se contamina, tanto por las empresas industriales como por los restantes consumidores; distintos tipos de compensadores atenúan la degradación de su calidad. La diferencia entre ambas, estriba en que las empresas no abonan canon alguno por contaminar la energía eléctrica, por tanto, no están incentivadas a invertir en atenuar sus emisiones. El consumo eléctrico más eficiente, en general, coincide con el de mayor calidad, lo que facilitaría la toma de decisiones de la mejora del binomio calidad-eficiencia.
A título de ejemplo, podría fijarse un día anual, en que durante sus 24 horas, se realizara la campaña de ahorro; posteriormente, se pasaría a un día mensual; cuando se convocase un día semanal de ahorro, los hábitos de consumo ciudadano se habrían adaptado lo suficiente, para llegar a un consumo diario responsable, ya que el objetivo, a medio plazo, sería que durante las 24 horas de los 365 días del año, evitáramos los usos energéticos innecesarios y utilizáramos equipos eficientes.
Las administraciones están obligadas a ser ejemplarizantes en ahorro energético. La tecnología actual permite medir los consumos desagregados; así, transcurrido el primer día de ahorro, los medios de comunicación publicarían sus estadísticas, se conocería la comunidad autónoma más ahorradora y la más despilfarradora. Igualmente, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos tendrían que justificar sus resultados. Así, un presidente autonómico, orgulloso y triunfante, afirmaría: "Mi Comunidad ha ahorrado un 9,6%"; otro, entre avergonzado y sorprendido, tendría que explicar que "el aumento había resultado coyuntural y se subsanaría en el futuro". De igual forma, todos los ministerios y consejerías, justificarían sus balances energéticos.
Con la complicidad de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, mediante la programación de entrevistas, concursos y debates, podría establecerse una alta competitividad, tanto a nivel nacional como regional, cuya temática estuviera relacionada con el ahorro de energía. Todas estas iniciativas están destinadas, básicamente, a los ciudadanos y a las administraciones regional y municipal.
Con referencia a los restantes consumos, especialmente, el industrial, el ahorro energético y el aumento de la eficiencia del sistema eléctrico es responsabilidad directa de la administración pública. El complemento de energía reactiva, establecido en 1952, cuya formulación no se ha modificado desde entonces, no ha logrado su objetivo de consumo eficiente de la energía, por dos motivos: porque sólo penaliza la demanda de energía reactiva inductiva, no contabilizándose la de tipo capacitivo, y porque la formulación utilizada solamente tiene validez en redes lineales monofásicas en régimen sinusoidal o trifásicas equilibradas, igualmente, lineales y sinusoidales, resultando el consumo actual totalmente diferente a este modelo.
En las medidas de campo realizadas, por Grupo de Trabajo en varias empresas industriales en los últimos años, a todas les corresponde en su facturación el máximo descuento por energía reactiva, aplicando la formulación vigente, es decir la de 1952, sin embargo, atendiendo a criterios objetivos de cuantificación de las pérdidas en las líneas de la compañía distribuidora y del exceso de ocupación de sus infraestructuras, en la mayoría, debería gravarse su consumo con un elevado recargo; así, en una de las industrias estudiadas, la pérdida de energía en la línea alcanzaba un valor 15 veces superior al que se originaría con una compensación óptima de reactiva. Consecuentemente, la administración pública debería consensuar una nueva metodología de facturación de la electricidad que incentivara el aumento de la eficiencia de las redes lo que, indirectamente, aumentaría la calidad de suministro; estas medidas conllevarían la reducción del riesgo de incendio por sobreintensidades y cortocircuitos, mejor aprovechamiento de las infraestructuras por la disminución de las corrientes y su desequilibrio, y un correcto funcionamiento de las protecciones, evitando la descalibración producida por la elevada distorsión. La energía consumida debería facturarse afectada de un recargo o bonificación, en función de la calidad del consumo, resultando un instrumento incentivador de la eficiencia de las redes y del óptimo aprovechamiento de las infraestructuras eléctricas; la máxima bonificación correspondería a una empresa cuyo consumo fuera equilibrado, lineal y de demanda nula de reactiva.
En resumen, la Administración pública, debería constituir un Grupo de Trabajo, para consensuar los criterios de incentivación entre todos los agentes involucrados. Sin duda, este foro podría ser el punto de partida de un gran debate nacional que permita la transición de una legislación obsoleta, a otra en la que cada usuario pague la energía de acuerdo con la eficiencia de su consumo. Este conjunto de medidas no sólo originaría la disminución de la intensidad energética y de la emisión de gases de efecto invernadero, dos problemas que ha de afrontar nuestro país a corto plazo, sino también el aumento de la seguridad de equipos y personas.
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