Industria y Servicios

En un post anterior analizamos las estadísticas referentes a los usuarios de Internet evidenciando que los hombres superan en más de un 15% a las mujeres como usuarios de la tecnología. Son muchos los factores que pueden influir para dar origen a esta situación, pero nuestro objetivo no es discutirlos en este momento, lo que queda claro es que se debe incentivar el desarrollo de una Sociedad de la Información igualitaria.

La administración pública tiene claro este objetivo y como ejemplo podemos mencionar el programa "Ni más ni menos" presentado por la Subdelegación del Gobierno de Galicia y AGESTIC (Asociación gallega de empresas de tecnología e información), que pretende acercan las mujeres emprendedoras a las TIC y cuyo objetivo principal es la promoción de empleo y mejora empresarial de las "mujeres profesionales" mediante las nuevas tecnologías, ojalá que este encuentro fomente el desarrollo de esta nueva generación de mujeres directivas y autónomas que incorporan en sus actividades las TIC para favorecerse de sus innumerables ventajas. Pienso que esta iniciativa debe ser ejemplo para gobiernos locales en cualquier entorno geográfico.

A nivel de España existen otros programas que incentivan la creación de nuevas empresas como los ofrecidos por el Instituto Oficial de Crédito que aunque no es una iniciativa sólo para mujeres, su promoción actual está dirigida a las mujeres emprendedoras que requieren financiamiento para hacer realidad sus proyectos.

¿Estos programas realmente integran a la mujer en la Sociedad de la Información?

Mediante la creación de diversos planes para el desarrollo de la Sociedad de la Información (SI), se evidencia el esfuerzo de la Unión Europea por crear y fortalecer dicha sociedad con un alto grado de protección social, manteniendo la diversidad lingüística y cultural que caracteriza a ese Continente, pero también desarrollando contenidos y lenguajes nacionales dentro de un ambiente universal para que cualquier persona pueda acceder a los servicios y contenidos en su propio idioma.El objetivo principal de la creación de estos planes y programas es que la industria europea sea más competitiva y que los ciudadanos europeos puedan acceder a las modernas tecnologías de comunicación con el fin de mejorar su calidad de vida.

Sabemos que la incorporación de las TIC por sí solas en las actividades económicas y gestiones administrativas de cualquier ámbito no representan un significativo aporte. Se debe contar además, con capital humano cualificado que sepa aprovechar la información obtenida y procesada a través de las mismas, lo que representa una inversión en capital humano, formando personas de todas las edades, que permitan ir desarrollando en una forma integral a todos los sectores de la sociedad y es aquí donde es importante la participación del sector político.

El sector público ha demostrado estar muy consciente sobre el trascendente papel que juegan las TIC en la economía de cualquier país y los gobiernos se han esforzado por contribuir de gran manera en el desarrollo de las SI.

La primera iniciativa en la Unión Europea fue en 1999 cuando lanzó un programa llamado eEurope, que ha sido la base de todos los creados posteriormente. Entre algunos de los objetivos planteados para ese momento podemos mencionar: abaratar

• Dar acceso a la juventud europea a la era digital
• Abaratar costes el acceso a Internet
• Acelerar la implantación del comercio electrónico
• Un acceso rápido a Internet para investigadores y estudiantes
• Tarjetas inteligentes para aplicaciones electrónicas
• Participación de los discapacitados en la cultura electrónica
• Desarrollo de la salud en línea
• Implantación del servicio de transporte inteligente
• Acceso a la administración pública en línea
• Liberalización de los mercados europeos de la energía y las telecomunicaciones
• Aumento del gasto en investigación y desarrollo
• Lanzamiento del sistema Galileo de navegación por satélite
• Creación de un mercado único de transporte aéreo, conocido como "cielo único europeo".

Luego de esta primera iniciativa se crearon subprogramas específicos que estaban dirigidos a sectores importantes para el desarrollo y crecimiento del ser humano como lo son la educación, la administración pública y la salud. Posteriormente, se originaron el eEurope 2002 y más tarde el eEurope 2005, como verdaderos planes de acción, que siempre han estado acorde con los objetivos iniciales planteados en el eEurope. Estos planes los podemos resumir de la siguiente manera:

Programas para el desarrollo de la SI en la Unión Europea

Observamos cómo el eEurope 2002 arrojó resultados muy buenos, lo que dá origen a que siga trabajando en esa línea poniendo en marcha el programa eEurope 2005.

Los resultados publicados del eEurope 2005 también son alentadores en lo que se refiere a la conexión a banda ancha, pero algunas líneas de acción todavía necesitaban esfuerzos adicionales.

Para seguir trabajando en el tema, en junio de 2005 se pone en marcha el plan 2010, que actualmente se encuentra en vigencia y los objetivos siguen estando en la línea de desarrollar cada vez más una SI integrada, los resultados serán evaluados en el 2010.

Estos tres grandes planes han servido como marco de referencia a todos los países miembros de la Unión Europea para la creación de planes específicos en cada país que promuevan el desarrollo de la SI.

¿Creen ustedes que estos planes son suficientes para un verdadero desarrollo de la SI en Europa?

Con motivo de las I Jornadas de Software Libre y Empresa (que ya os contábamos ayer en este post), hemos entrevistado al organizador de las mismas, Pablo Garaizar Sagarminaga, para conocer su visión sobre el futuro del Software Libre en la empresa.

¿Cuál es la finalidad de estas jornadas?

El objetivo principal es servir de punto de encuentro entre tres grupos que considerábamos que estaban un poco aislados: las empresas que usan y desarrollan software libre, las que todavía no lo conocen y los estudiantes que tienen interés en trabajar en una empresa relacionada con el software libre. Hasta ahora no se había trabajado el tema explícitamente en la universidad, a pesar de que ESIDE es "cantera" de muchas empresas que apuestan muy fuerte por el software libre y prueba de ello es que la mitad de ponentes en estas jornadas son ex-alumnos o gente relacionada con la Universidad de Deusto. También hemos hecho hincapié en que participaran empresas multinacionales como Sun, Novell, RedHat/JBoss o Telefónica I+D para animar a ese colectivo de empresas que todavía no ven el modelo del software libre suficientemente maduro.

¿Se están modificando los modelos de negocio con la aparición del software libre?

En mi opinión el software libre no ha creado nuevos modelos, sino que ha cambiado el equilibrio de fuerzas entre los modelos tradicionales de negocio.

Hace 30 años el modelo de negocio apostaba fuerte por la venta de equipamiento y el software se regalaba. Al igual que la documentación, el soporte técnico también era una gran fuente de ingresos así como las mejoras a medida. Ese era el equilibrio en aquella época. Al llegar los 80, surgió un nuevo modelo de negocio que apostaba fuertemente por la venta de licencias de uso, y se minimizó el peso del resto de actividades (el caso de la venta de equipamiento es el más notorio con la aparición del PC). Llegado el año 2000, con la madurez del software libre, el equilibrio dentro del modelo vuelve a balancear sus fuerzas y hay empresas que han restado peso a la venta de licencias de software y han potenciado otras actividades como el soporte, los desarrollos a medida, la implantación y demás. Este cambio en el peso de cada actividad ha beneficiado mucho a la PYME local, que en muy pocas ocasiones ha conseguido posicionar sus desarrollos dentro del mercado global de venta de licencias de uso y no era más que un revendedor de las licencias de terceros, con el inconveniente añadido de no poder hacer mejoras a esos productos por su cuenta. Con el software libre empresas locales pueden apoyarse en grandes desarrollos libres y adaptarlos a la realidad local, cobrando por ello. Se me ocurren campos como el de los CRM y su localización al euskera o a la normativa local, por ejemplo.

¿Cuál crees que será el papel que juegue el software libre en el desarrollo de la administración pública?

Software libre y administración pública es un binomio que tiene que ir siempre de la mano. El software libre beneficia a la administración en la medida en que supone ventajas en cuanto a costes de licencias, máxima posibilidad de adaptación sin depender de proveedores únicos y con la participación de empresas locales, uso de estándares y de formatos abiertos que no supongan trabas a los usuarios de sus sistemas (la temida "discapacidad tecnológica"), etc.

Por otro lado, la administración solicita desarrollos de software todos los años y sería muy provechoso para la comunidad del software libre que utilizaran una licencia libre. De hecho es de lo más lógico, los desarrollos que se han financiado con el dinero de toda la sociedad, deberían estar disponibles a todo el mundo. Hoy por hoy todavía queda mucho por hacer en este sentido, pero a nivel del País Vasco hay una buena sintonía entre la SPRI y la comunidad de software libre vasca. Con la Administración Española las intenciones no están tan claras y el concepto de "neutralidad tecnológica" que manejan, en mi opinión, es totalmente equivocado. Desde la comunidad de software libre no se pretende obligar a usar software libre en todos los ámbitos públicos, solamente se exige que el software elegido no limite los derechos y libertades de la ciudadanía y que, en condiciones similares, se trate de elegir software libre por sus beneficios secundarios en la sociedad.

¿Un pronóstico de futuro para el software libre? ¿Es una moda pasajera o será un cambio de paradigma?

Si conseguimos que no se produzca ningún atropello por la vía legislativa con la aprobación de las patentes de software en Europa o similares, el software libre convivirá por muchos años con el software privativo. No creo que ninguno de los dos modelos desbanque al otro. Tengo mis dudas acerca de la madurez tecnológica de la sociedad europea para valorar el daño que podría ocasionar una legislación a favor de las patentes de software y mis dudas se convierten en certezas cuando leo algunas declaraciones de políticos en Bruselas. El modelo de patentes de software está fracasando estrepitosamente en Estados Unidos e importarlo aquí no haría sino agravar el problema. El software ya tiene suficiente protección legal con el copyright, reconocido internacionalmente. No necesitamos minar nuestros prados para que el ganado del vecino no paste en él, basta con poner unas vallas y un candado.

Considero que ese cambio de paradigma ya se ha dado: una empresa de desarrollo de software privativo ya no tiene a sus usuarios cautivos, porque sabe que como no los trate bien, como no los mime, buscarán alternativas en el software libre, incluso en los casos en los que la alternativa libre sea inferior técnicamente (no todos los usuarios de Microsoft Word necesitan usar todas sus funcionalidades, quizá OpenOffice Writer haga todo lo que necesiten y mucho más). Esto ha supuesto una motivación extra a las empresas de software privativo para mejorar, y eso es bueno.

Mi bola de cristal tiene nubes, pero me aventuro a decir que el futuro de la informática está en la Red y en la interoperabilidad. Necesitamos software que entienda miles de formatos y pueda generar otros tantos, que pueda comunicarse casi con cualquier otro programa y que lo haga a través de redes muy heterogéneas. Google está entendiendo esto muy bien y está llevando muchas de las aplicaciones típicas como ofimática o retoque fotográfico a la Red. También ha sido visionaria y se ha dado cuenta de que no todo es Red y a veces necesitamos trabajar offline. El resto de empresas grandes están en la misma línea, por lo que todo apunta a que en los próximos años, éste será el tablero de juego.

 Según el análisis sobre los nuevos retos de los servicios sociales, realizado en el territorio histórico de Guipúzcoa, la integración de las personas inmigrantes, no se logra únicamente asegurando una serie de servicios o recursos mínimos que cubran las necesidades que estas personas presentan en un primer momento, sino que se podrá conseguir a través del reconocimiento de sus derechos, de la asunción de sus deberes y de la inclusión de estas personas en la comunidad receptora en todo su proceso de asentamiento. Pero mientras esto se consigue, los servicios sociales públicos acompañarán a la persona inmigrante en su proceso de integración en la sociedad de acogida, realizando funciones de información, asesoramiento y orientación y será, como hemos visto, a partir del empadronamiento en el municipio cuando tendrán acceso al sistema de protección social y poder obtener entre otras, la cartilla sanitaria así como a las prestaciones sociales las que tiene derecho. Pero en este camino de acompañamiento, los profesionales de la acción social se están encontrando con una serie de trabas:

• Dificultades jurídicas: Existe un hecho relevante a tener en cuenta y que a pesar de que en la actualidad no se está practicando, la ley lo recoge. Con la modificación de las leyes de extranjería y del Régimen Local a finales del 2003, la policía y del Ministerio del Interior puede tener acceso los datos personales de las personas inmigradas registradas al padrón municipal, realizándose este acceso por vía telemática, sin el conocimiento previo del interesado y sin orden judicial alguna. Este acceso a datos confidenciales representa por una parte una violación al artículo 18 de la Constitución, a la Ley de Protección de Datos y a la Autonomía Municipal y aunque no se está llevando a la práctica por el momento, tendría consecuencias muy negativas sobre los derechos fundamentales de las personas y en la labor profesional de los técnicos en inmigración y trabajadores sociales que desempeñando sus funciones en los servicios sociales se encuentran en una contradicción paradójica. Esta situación provoca que muchas personas inmigradas sin papeles tengan miedo a empadronarse y en consecuencia pierdan el derecho a la sanidad, a la educación y a los recursos de los servicios sociales de la administración pública.
• Dificultades burocráticas:Por otra parte los profesionales han de motivar a las personas inmigrantes a que se empadronen para poder acceder a todas las ayudas y servicios que a partir del empadronamiento pueden acceder no sin avisar de la posibilidad de que esos datos puedan ser recogidos por la policía con las consecuencias que podrían derivar de ello. De esta manera, son los propios municipios los que tendrán que soportar esta situación, teniendo personas no censadas y en consecuencia con dificultades de acceso a estos derechos básicos como puede ser la de la obtención de una prestación económica como la Renta Básica, muchas veces necesaria hasta que las personas inmigrantes accedan al mercado laboral de manera regular, pero que para su solicitud se deberá figurar en el Padrón de cualquier municipio al menos con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud. En el caso de las ayudas de emergencia social el empadronamiento debe ser superior a los seis meses.
• Dificultades a la hora de detectar nuevas necesidades: Analizando las posibles dificultades con las que el colectivo de inmigrantes se puede encontrar al instalarse en un nuevo país, y observando las respuestas que desde el sistema de servicios sociales se está dando, es lícito cuestionarse la idoneidad de los mismos para cubrir, en un primer momento, las posibles necesidades sociales específicas que éstas personas pueden presentar. Estos cambios demográficos y sociales que hoy por hoy son un hecho, en buena medida debido a estos flujos migratorios, contribuyen a que las necesidades sociales sentidas y expresadas por la población sufran cambios. Esto, a su vez provoca modificaciones en los tipos de demandas que la población expresa a los centros de servicios sociales puesto que muchas veces se "pide lo que se conoce". Por lo tanto convendría cuestionarse si el tipo de respuestas o de recursos que se están dando desde las Administraciones públicas son válidas para la realidad demográfica actual.
• Dificultades para abordar nuevas responsabilidades: A partir de la Ley de extranjería a los profesiones de la acción social se les suma en sus tareas ordinarias un nuevo colectivo al que dar respuesta, que además en la mayoría de los casos se encuentra en una situación de irregularidad. Así, irán asumiendo nuevas responsabilidades e irán aprendiendo a desarrollar una serie de tareas nuevas en su ejercicio profesional, como la elaboración de informes de viviendas para la agrupación familiar, informes sobre arraigo social, etc. las cuales requieren necesariamente de una formación específica y especializada sobre materia de inmigración y pautas culturales, para que se puedan idear y generar los recursos más propicios para hacer frente a esta nueva realidad.

A la vista queda las complejidades teóricas y prácticas con la que los servicios sociales se encuentran y que deben tener presentes a la hora de articular estrategias y propuestas para desarrollar y mejorar esta política de integración que partiendo de un enfoque no reduccionista, pudiera permitir el abordaje integral de las necesidades sociales específicas de cada persona inmigrante. Detectando estas necesidades se podrían debilitar los factores de vulnerabilidad social asociados a la condición de la inmigración y favorecería el desarrollo normalizado de la persona en la sociedad de acogida, potenciando las capacidades de cada individuo y utilizando los recursos sociales como instrumentos de ayuda en la consecución de su bienestar y no como un fin en sí mismos.

El concepto de "necesidad social" en su doble dimensión, en cuanto sujetos o individuos particulares, y por tanto, en su especificidad, no "idénticos" a cualquier otro y por otra parte las necesidades en cuanto adscritos a determinado grupo o segmento social con características diferenciales que operan como una "marca" o "distinción" social (1), será un elemento esencial en la estructuración y legitimación de la acción institucional, dirigida a la provisión de servicios y prestaciones de bienestar social.

Todas estas circunstancias seguramente pueden estar ocurriendo en cualquier parte del mundo donde se producen los fenómenos migratorios de un país a otro, situación que cada día no solo lo podemos observar en los países europeos, sino que también lo vemos en otros países de cualquier otro continente. Es posible que algunas Administraciones Publicas no estén preparadas para generar respuestas a este tipo de situación social.

El análisis presentado nos lleva a pensar que, aunque existan sistema de protección social bien consolidados, no son suficientemente necesarios para dar respuestas adecuadas desde la Administración Pública, creo que será completamente necesario formar a los profesionales de la acción social en materia de inmigración y mediación cultural pues ellos puede ser el elemento clave para generar una estrategia socialmente responsable en el proceso de igualdad de las personas inmigrantes. Y ¿Tu que opinas?

(1)LAGUNA ÁLVAREZ, J (2004)" La intervención Social y nuevas necesidades " Ed. Comunidad de Madrid. Madrid

 Hace unos días atrás el gobierno español ha dado un gran paso en beneficio de la conciliación laboral: el teletrabajo.

Atendiendo al éxito del Plan Concilia, que es un plan integral de flexibilización de horario y de conciliación de la vida personal y laboral en la Administración General del Estado, el gobierno ha dado paso a una nueva modalidad laboral: el teletrabajo, similar a la usada por las Agencias de la Administración Federal de los Estados Unidos o a los empleados de las administraciones italianas.

El objetivo de esta iniciativa es "constituir una solución tecnológica positiva para organizar mejor el tiempo de trabajo de tal manera que las personas puedan armonizar mejor su vida personal y la atención a sus familias con su desarrollo profesional, incrementando al mismo tiempo la calidad del trabajo desempeñado"

La jornada laboral se podrá realizar hasta un 40% desde la casa, la elección será voluntaria y no implicará menos sueldo para el funcionario. Se espera que en el 2008 unos 20.000 funcionarios estén "teletrabajando", mejorando, de esta forma, la relación laboral con la vida familiar.

Iniciativas similares como las de la Generalitat de Cataluña y de la Generalitat de Valencia que impulsarán proyectos de teletrabajo permitirán mejorar, sin duda, la calidad en el empleo, la integración de personas discapacitadas y las políticas de conciliación laboral.

Estas ideas innovadoras dentro de la Administración del Estado, esperamos, orienten la acción del sector privado en el mismo sentido y avancen en políticas más proactivas que mejoren la calidad de la relación entre vida laboral y familiar de sus empleados.

Desde hace unos pocos años, el concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha difundido masivamente en los medios de comunicación. Se hace referencia a la “responsabilidad” de las empresas cuando se comprometen a integrar el medio ambiente en sus decisiones, a realizar actividades en beneficio de la comunidad, a estrechar relaciones con sus proveedores y/o a mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.

Sin embargo, ¿por qué ahora? ¿Acaso antes las empresas no eran responsables? ¿Acaso no había empresas solidarias? ¿No existían empresas que fortalecieran los vínculos con la comunidad? ¿Que mantuvieran buenas y estrechas relaciones con sus proveedores y que se preocuparan de la calidad de vida de sus trabajadores?

Desde el mundo académico se pueden explorar algunos casos que nos lleven a dar respuestas parciales, a destacar las bondades de asumir la RSC como modelo (o filosofía) o a mostrar ejemplos que nos hagan pensar que la RSC es una estrategia adecuada para los fines que se persigue.

Desde la administración pública, la respuesta también es parcial. Por ejemplo, las relaciones laborales y el desarrollo económico son temas que le competen directamente y, desde este punto de vista, su contribución será diseñar e implementar políticas públicas que miren en esa dirección.

Ahora, sin duda las respuestas más completas – y que se complementan con las anteriores - se deben generar desde las propias empresas. Sólo éstas conocen la “razón de ser” de una estrategia de RSC y, en esta perspectiva, los verdaderos objetivos que persiguen al implementarla.

Sólo una fórmula que integre la percepción de empresarios, trabajadores, consumidores, proveedores y comunidad respecto a la RSC de las empresas, nos darán una visión real y de conjunto de por qué la RSC se ha instalado en el discurso y la práctica empresarial.