Industria y Servicios

 En este post, de carácter divulgador, se han omitido algunos aspectos técnicos, para que su comprensión no precise conocimientos especializados de ingeniería.

La alta dependencia española del petróleo y su precio en constante alza, aconsejan acometer medidas de ahorro, eficiencia y diversificación energética. Consecuentemente, se han creado movimientos ciudadanos para la reducción del consumo de energía eléctrica, que propugnan acciones, en general, de carácter más testimonial que efectivo, porque el aumento sostenido del consumo residencial desmiente las buenas intenciones de gran número de conciudadanos.

Aunque trivial, puede resultar útil la consideración del deterioro de la calidad del suministro eléctrico como un tipo de contaminación; el símil entre la contaminación eléctrica y la hidráulica resulta esclarecedor. El río, en su nacimiento, transporta agua de gran pureza, pero según discurre hacia su desembocadura es contaminado por vertidos de fábricas y ciudades, teniendo que abonar las empresas un canon si superan una determinada tasa de contaminación; para atenuar este efecto se instalan las depuradoras. De igual manera, la energía eléctrica, en su generación, está caracterizada por su pureza, sin embargo, en la red de distribución se contamina, tanto por las empresas industriales como por los restantes consumidores; distintos tipos de compensadores atenúan la degradación de su calidad. La diferencia entre ambas, estriba en que las empresas no abonan canon alguno por contaminar la energía eléctrica, por tanto, no están incentivadas a invertir en atenuar sus emisiones. El consumo eléctrico más eficiente, en general, coincide con el de mayor calidad, lo que facilitaría la toma de decisiones de la mejora del binomio calidad-eficiencia.

A título de ejemplo, podría fijarse un día anual, en que durante sus 24 horas, se realizara la campaña de ahorro; posteriormente, se pasaría a un día mensual; cuando se convocase un día semanal de ahorro, los hábitos de consumo ciudadano se habrían adaptado lo suficiente, para llegar a un consumo diario responsable, ya que el objetivo, a medio plazo, sería que durante las 24 horas de los 365 días del año, evitáramos los usos energéticos innecesarios y utilizáramos equipos eficientes.

Las administraciones están obligadas a ser ejemplarizantes en ahorro energético. La tecnología actual permite medir los consumos desagregados; así, transcurrido el primer día de ahorro, los medios de comunicación publicarían sus estadísticas, se conocería la comunidad autónoma más ahorradora y la más despilfarradora. Igualmente, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos tendrían que justificar sus resultados. Así, un presidente autonómico, orgulloso y triunfante, afirmaría: "Mi Comunidad ha ahorrado un 9,6%"; otro, entre avergonzado y sorprendido, tendría que explicar que "el aumento había resultado coyuntural y se subsanaría en el futuro". De igual forma, todos los ministerios y consejerías, justificarían sus balances energéticos.

Con la complicidad de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, mediante la programación de entrevistas, concursos y debates, podría establecerse una alta competitividad, tanto a nivel nacional como regional, cuya temática estuviera relacionada con el ahorro de energía. Todas estas iniciativas están destinadas, básicamente, a los ciudadanos y a las administraciones regional y municipal.

Con referencia a los restantes consumos, especialmente, el industrial, el ahorro energético y el aumento de la eficiencia del sistema eléctrico es responsabilidad directa de la administración pública. El complemento de energía reactiva, establecido en 1952, cuya formulación no se ha modificado desde entonces, no ha logrado su objetivo de consumo eficiente de la energía, por dos motivos: porque sólo penaliza la demanda de energía reactiva inductiva, no contabilizándose la de tipo capacitivo, y porque la formulación utilizada solamente tiene validez en redes lineales monofásicas en régimen sinusoidal o trifásicas equilibradas, igualmente, lineales y sinusoidales, resultando el consumo actual totalmente diferente a este modelo.

En las medidas de campo realizadas, por Grupo de Trabajo en varias empresas industriales en los últimos años, a todas les corresponde en su facturación el máximo descuento por energía reactiva, aplicando la formulación vigente, es decir la de 1952, sin embargo, atendiendo a criterios objetivos de cuantificación de las pérdidas en las líneas de la compañía distribuidora y del exceso de ocupación de sus infraestructuras, en la mayoría, debería gravarse su consumo con un elevado recargo; así, en una de las industrias estudiadas, la pérdida de energía en la línea alcanzaba un valor 15 veces superior al que se originaría con una compensación óptima de reactiva. Consecuentemente, la administración pública debería consensuar una nueva metodología de facturación de la electricidad que incentivara el aumento de la eficiencia de las redes lo que, indirectamente, aumentaría la calidad de suministro; estas medidas conllevarían la reducción del riesgo de incendio por sobreintensidades y cortocircuitos, mejor aprovechamiento de las infraestructuras por la disminución de las corrientes y su desequilibrio, y un correcto funcionamiento de las protecciones, evitando la descalibración producida por la elevada distorsión. La energía consumida debería facturarse afectada de un recargo o bonificación, en función de la calidad del consumo, resultando un instrumento incentivador de la eficiencia de las redes y del óptimo aprovechamiento de las infraestructuras eléctricas; la máxima bonificación correspondería a una empresa cuyo consumo fuera equilibrado, lineal y de demanda nula de reactiva.

En resumen, la Administración pública, debería constituir un Grupo de Trabajo, para consensuar los criterios de incentivación entre todos los agentes involucrados. Sin duda, este foro podría ser el punto de partida de un gran debate nacional que permita la transición de una legislación obsoleta, a otra en la que cada usuario pague la energía de acuerdo con la eficiencia de su consumo. Este conjunto de medidas no sólo originaría la disminución de la intensidad energética y de la emisión de gases de efecto invernadero, dos problemas que ha de afrontar nuestro país a corto plazo, sino también el aumento de la seguridad de equipos y personas.

¿Usted qué opina?

La prestación del servicio eléctrico en los últimos años en un país totalmente energético como es la Republica Bolivariana de Venezuela, genera una serie de incógnitas que distorsionan el objeto y dirección de las empresas del sector eléctrico.

El objetivo principal de la creación de empresas públicas y privadas en el sector de la energía hace algunos años, era el incremento de la rentabilidad, lo cual no ha logrado la expectativa planteada . En este sentido, se promulgó la ley del servicio eléctrico, vigente hasta ahora, en cuyo caso se refleja la separación de las actividades (Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización) y se crea un mercado mayorista de ventas y consumo de energía. Ninguno de los aspectos se ha hecho efectivo y las compras de energía se adquieren a través del sistema interconectado nacional, conformado por las empresas Edelca, Enelven, Elecar y Cadafe.

Los costes en la prestación del servicio eléctrico, en las distintas actividades de la cadena de valor: Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización son regulados por el Estado mediante tarifas estratificadas por tipo de servicio y donde, adicionalmente, se generan los siguientes hechos:

• La empresa distribuidora tiene dentro de sus obligaciones el suministro de la energía sin importar el coste que signifique y el estado no garantiza el retorno de la inversión insegura.
• Al no existir un coste por separado de las actividades involucradas en el proceso, se ha generado un mercado deficiente en cuanto la calidad del servicio, por falta de inversiones, excesiva morosidad de los usuarios parciales y la pérdidas de energía (un 40% aproximadamente), al no facturar la totalidad de lo comprado.
• Las pérdidas de energía, solo pueden identificarse, por empresas y por el Estado.
• No existe un margen aceptable de las pérdidas de energía por empresa, cuya incidencia se refleja tanto en la calidad en la prestación del servicio como en los costos del servicio eléctrico.

En este sentido, si queremos identificar la rentabilidad o inclusive la pérdida en el proceso, se hace necesario la separación de las actividades y el detalle de los costes del servicio clasificando la actividad por: tipo de servicio, zona geográfica y estructura departamental de distribución y comercialización de la energía.

Esta metodología sugerida, en la práctica contribuirá con la administración eficiente de las inversiones y de los márgenes de calidad, así como, con la disminución de los promedios en pérdidas de energía y morosidad, mediante la garantía en la prestación de un buen servicio eléctrico.

El problema es bastante grave y la solución bastante fácil, pero hay falta de formación e información a nivel de consumidores ¿Es un problema cultural o es un problema de gestión de recursos en un país altamente productor y exportador de energéticos?

NOTA: El que desee conocer más información sobre los datos estadísticos les dejo el siguiente documento: costesdelservicioelectricoenvenezuela.pdf