Industria y Servicios

Voy a explicar un caso que igual puede ser parecido a otro en cualquier parte del mundo donde se quiere confundir el término de RSE y obligaciones laborales. El 5 de enero de 2007 fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nº 38.598 (órgano análogo al Boletín Oficial de Estado en España) la Ley para las Personas con Discapacidad. Amén de introducir al país en los debates legales para la atención de este sensible sector poblacional, y la nacionalización de una temática laboral atendida por algunas regiones del país; tuvo revuelo la discusión que se generó en torno a la inclusión de la materia "discapacitados" en el telúrico concepto de RSE. Varios legisladores invocaron a la RSE al momento de plasmarlo en el documento que hoy es ley vigente en toda la República. Una afirmación que nuevamente genera una polémica porque se habla de la RSE con el acento obligatorio de una ley que sanciona a todo aquel que no asuma, por ejemplo, el 5% de su nómina total a personas con discapacidad.

En ningún momento pretendemos argumentar una tesis discriminatoria, en la cual, las personas con movilidad reducida no tendrían derechos laborales. Estas personas no son diferentes de cualquier ciudadano normal, sólo que no pueden moverse con la agilidad natural y por tanto, no se encuentran en un plano de igualdad material. Ahora bien, la citada ley venezolana asume una serie de principios (artículo 4) donde claramente queda afectada la RSE. En fin, para la legislación, la atención laboral para discapacitados forma parte de los contenidos de la RSE. Parecieran que la confección de una ley que puede ser muy importante desde el punto de vista social, le esté dando la espaldas a la realidad empresarial y más cercana al asistencialismo y la caridad.Es cierto también que una de las preocupaciones que atañen ese cariz social de algunos empresario está íntimamente relacionada con los discapacitados. Esta situación ha sido abordada por una amplia cantidad de empresarios que han dedicado buena parte de sus dividendos al sostenimiento de organizaciones y programas con el fin de reducir esa discapacidad, y sentar, claramente, unas fronteras entre la mera "caridad" filantrópica y la contribución sincera empresarial por construir un mundo más justo, equitativo y responsable con los menos afortunados biológicamente hablando.

Nos preocupa de sobremanera las intenciones que pueda estar tomado la RSE, que en materias como la que explicamos en este post, podrían enturbiarla y devolverlas a estadios históricos inaceptables ante la profunda temática en que es abordada la RSE actualmente. La RSE no se impone porque lo decrete un Estado en concreto, en cualquiera de sus órganos y funciones; se "genera voluntariamente" porque las convicciones derivadas de los principios de solidaridad y subsidiaridad forman el ideal en los empresarios que asumen el hecho de ayudar socialmente como una de las formas de generar riqueza para las sociedades donde se encuentran.

Creo que esta situación se puede presentar en cualquier parte del mundo y puede que sea importante que exista la normalización para el cumplimiento de tener en cuenta un número de personas no menor siempre y cuando exista un número mayor de contratado, pero la obligatoriedad del cumplimento, pasa a ser un tratamiento de ley y dejaría de ser una RSE. La pregunta que viene al tema es: ¿Realmente una norma, regla o ley que pueda crear un Estado, tratado de favorecer un colectivo en particular, obligando al empresario el fiel cumplimiento de la misma no contradice el verdadero sentimiento voluntario de hacer efectiva una empresa socialmente responsable?

Podría resultar increíble, que a finales de la primera década del siglo XXI, se explane en un blog europeo, como temática de primer orden, las "nacionalizaciones" de empresas de servicios. Si bien es cierto que a raíz de los cambios vivenciados en los años 80 del siglo pasado, donde el paradigma económico liberal introdujo un fuerte proceso de privatizaciones del pool empresarial público latinoamericano, las nacionalizaciones han pasado de bajo perfil hasta la irrupción de nuevas corrientes que en países del tercer mundo, como ejemplos: Compañía de Teléfonos de Venezuela (CANTV) y Electricidad de Caracas (EDECA) en Venezuela, se retoman como tesis aceptable para corregir problemas sociales. Ciertamente el anuncio de nacionalización, llamó poderosamente la atención en los foros económicos globales, pues la estrategia podría considerarse desfasada como solución al mejoramiento de servicios públicos. Además, introduce para la región, un nuevo debate sobre el papel y dimensión del Estado justo al revisarse los magros resultados de las reformas económicas de la década de los 90 pasado. En fin, el panorama nos vislumbra que el dilema "empresa privada eficiente" Vs. "burocracia estatal ineficiente" es mucho más compleja de lo que parece y va más allá de los esquemas económicos de la derecha o la izquierda política. Y la complejidad se potencializa cuando se obliga también a incluir la llamada Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) en dicho debate.Sin embargo, los fastos que pueda las nacionalizaciones, capaces de alegrar a los defensores de una vuelta nostálgica hacia los años del "imperio empresarial público"; se disuelven ante los conceptos contemporáneos de empresa. Si durante la época del estatismo latinoamericano (el Estado era el único empresario en servicios públicos) ya existían problemas por la falta de claridad en los modelos gerenciales de dichas empresas (Sindicalismo extremo, politización de los cuadros gerenciales, clientelismo partidista), nuestro nuevo siglo plantea otros tópicos que no son nada fácil de gestionar, menos, cuando el dogmatismo estatal está por medio. Dichos problemas, como ejercicio preliminar, podemos agruparlos en cuatro categorías: políticos, clientelares, valóricos y técnicos. En referencia a la categoría política, la nacionalización de las empresas se enfrenta al peligro de la subordinación ideológica y el cumplimiento de pautas estancas de gobiernos sui generis. Por ejemplo, si el modelo político del Estado que nacionaliza responde hacia la satisfacción de la producción nacional o el abaratamiento de las facturas que deban pagar los usuarios, entonces, la empresa estatizada tendrá que enfrentarse a dilemas que van más allá de incrementar costes o reducir los gastos. La economía globalizada ha cerrado cada vez el cerco de aquellas naciones que se niegan a navegar en sus aguas, haciendo de estas metas políticas una utopía por muy poderoso que sea el Estado protector. Clientelares, como derivación del primero, existe una tentación entre los gobiernos que adquieren empresas de ir colocando a sus adeptos en la nómina para "pagar favores", como se esgrime coloquialmente, trae un bloqueo en los procesos de selección y alistamiento del personal que requiera la empresa, pues, las necesidades empresariales por un perfil de trabajador no lo impone jamás la pauta política ni siquiera la de pura honestidad del candidato, sino, la sencilla regla de la oferta y la demanda. Valóricos, porque los nuevos procesos nacionalizadores ya no responden sencillamente a los mecanismos del ayer, donde el gobierno, tomaba a la empresa y luego de una evaluación (generalmente de tipo política y nada técnica), indemnizaba a los antiguos dueños. Ahora, el Estado, como se hizo se en Venezuela, puja y compra acciones en la bolsa de valores donde se cotizan las empresas, adquiriendo en oferta pública accionaria el paquete mayoritario, es decir, se nacionaliza como si fuera un agente económico del común denominador. Estas negociaciones, al estar fuera de los ámbitos tradicionales de control estatal por el Derecho Público, son fuentes inimaginables de coimas y demás pagos por comisiones que a la larga terminan por gestar un entramado de corrupción con dineros provenientes de las arcas públicas nunca visto. Y las posibles pérdidas que se generan en estos interminables negociados, serán reflejados en los balances contables de las empresas nacionalizadas, creándose déficit donde no los había o agravando los existentes. En cuanto a los problemas técnicos, que vienen asociados a la incapacidad de los cuadros gerenciales para afrontar los problemas que como toda empresa, sólo requieren de soluciones técnicas. A este punto también se le suma la adecuación de los planes de modernización de equipos y sistemas que dichas empresas públicas tengan.

Como se podrá observar, en medio de este nuevo contexto de anticuadas estrategias, la RSE puede correr el riesgo de quedar relegada por la identidad entre el titular de las acciones de la empresa y el actor que tiene bajo su responsabilidad el bienestar de todos los ciudadanos: El Estado. Una identidad que, a como consecuencia de las nacionalizaciones, puede resultar peligrosa en el momento en que se le exija responder socialmente. Un punto que queda abierto para el debate.