Industria y Servicios

La reconocida organización independiente Transparencia Internacional (TI), con sede en la ciudad de Berlin, Alemania tiene como objetivo hacer seguimiento de la corrupción en el mundo y facilitar asesoría para combatirla.

Esta organización realiza una encuesta anual que complementa el Índice de Percepciones de Corrupción de TI; mide la aparente disposición de las autoridades de un país para aceptar sobornos y se fundamenta en las respuestas de más de 11.000 empresarios en 125 países. TI clasifica a los países cuyas empresas están más dispuestas a cometer actos de corrupción y según los resultados obtenidos en el 2006, éstas pertenecen a los mayores países exportadores mundiales, los cuales se presentan a continuación:

La razón por la cual India y China, están a la cabeza de los países dispuestos a pagar sobornos es debido a su alta industrialización y la presión por conseguir recursos, aunque esto no quiere decir que suceda únicamente en países subdesarrollados.

Al observar la lista de países dispuestos a pagar sobornos cotidianamente, éstos son países, donde la gente tiene que destinar el dinero difícilmente ganado a pagar servicios que deberían ser gratuitos. Por lo general, tanto el países pobres como desarrollados las familias de bajos recursos son las más perjudicadas por la corrupción. Podríamos pensar que un factor que fundamenta los sobornos o tráfico de influencias son los bajos sueldos de los funcionarios que procesan los trámites; mientras que si comparamos el sueldo de una persona que realiza un trámite en un país desarrollado, ésta no tiene necesidad de pedir un soborno porque gana lo suficiente. Sin embargo, no deja de presentarse el fenómeno en países desarrollados pero a nivel empresarial (sector privado) y a nivel de gobierno.

A continuación se muestran los países más afectados por el tráfico del sobornos según cifras oficiales de TI, al 6 de diciembre de 2007.

Igualmente, según el Barómetro Global de la Corrupción 2007 de TI, teniendo el cuenta el grado de sobornos declarados, los sobornos ocurren en los siguientes servicios:

1. Policía
2. Poder judicial
3. Servicios de registros y permisos
4. Sistema educativo
5. Servicio de salud
6. Proveedor de electricidad
7. Sistema legal
8. Administración tributaria
9. Proveedor de agua
10. Proveedor de gas
11. Proveedor de teléfono

Según TI a pesar de que la policía y el poder judicial es la institución reportada como la que pide más sobornos, hay diferencias regionales. Por ejemplo en la Unión Europea y países de Europa Occidental, la fuente común de soborno son los servicios médicos. En América Latina, Asia Pacífico y América del Norte la corrupción es un problema judicial. En África y nuevos estados independientes: Rusia. Moldavia y Ucrania, el soborno prevalece en los sectores de la educación y salud (sectores importantes para el desarrollo humano).

Lo anteriormente referido resulta incongruente por ejemplo con la realidad de algunos países miembros de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica OECD, porque algunos de ellos pagan sobornos en el mundo; y los gobiernos hacen esfuerzos por crear leyes para frenar la corrupción, las cuales pareciera que no han comenzado a producir resultados.

Pienso que en todos los países del mundo las personas e instituciones están siendo castigados por los sobornos y la corrupción, por tanto es un compromiso no solo de los gobiernos sino de la sociedad civil y del sector privado.

¿Usted qué opina?

El fenómeno de la globalización impacta cada día más en la necesidad de que las empresas mejoren sus condiciones de competitividad y así lograr ventaja competitiva. De este modo, la Unión Europea ha decidido comenzar a trabajar por la creación de un mercado único tanto para la música, las películas, programas de TV y los juegos accesibles por Internet, como para la telefonía móvil.Actualmente, no existe una regulación que contemple reglas claras y precisas para el consumidor en cuanto al acceso de material protegido, también se presenta el problema de los desacuerdos entre las partes involucradas en cuanto al tema de los impuestos y las copias privadas.

El informe que ha presentado el día jueves 03 de enero de 2008 en Bruselas la Comisión Europea, incluye algunos desafíos que se deben vencer para poder realizar la implementación de esta propuesta. Estos desafíos son:

• La poca disponibilidad de los propietarios de contenidos creativos a facilitarlos para su publicación online, que se genera como consecuencia de las continuas descargas ilegales en la Red y de los problemas en la UE para negociar acuerdos comerciales entre los propietarios de derechos y los distribuidores de contenidos online.
• La necesidad de otorgar licencias transfronterizas para que este material pueda ser utilizado en todos los países miembros de la UE. Ya que la falta de licencias copyright transfronterizas que permitan utilizar el contenido en varios o todos los países miembros dificulta el establecimiento de los servicios online en toda Europa.
• También se debe generar un marco jurídico que permita la interoperabilidad y la transparencia de los sistemas de derechos digitales (DRM). En este caso, se busca la interoperabilidad de los distintos sistemas de gestión de derechos digitales y para que los consumidores estén informados sobre las restricciones en vigencia para descargar contenidos.
• El fenómeno de la "piratería", para lo cual se quiere introducir "códigos de conducta" que deberían respetar los proveedores de servicios y empresas que dan acceso a contenidos, propietarios de derechos y consumidores para de esta manera garantizar la presencia de una alta gama de atractivos contenidos online y una protección adecuada para trabajos protegidos por copyright.

Se ha considerado que el informe trabaja en pro del aumento de la eficiencia de la utilización de los dispositivos de las TIC apropiados, como lo son los ordenadores y los teléfonos móviles entre otros dispositivos. Así como la facilitación de la concesión de las licencias de copyright en todos los estados miembros y como se mencionó anteriormente un marco legal que proteja a los creadores de contenido garantizándoles una remuneración justa.

Se prevé que logrando este acuerdo, las ganancias de la industria se podrían cuadruplicar, pasando de unos ingresos de 1.800 millones de euros en el año 2005 a 8.300 millones de euros en el año 2010.

¿Usted qué opina?

 Los más prestigiosos analistas, tantos europeos como americanos, han señalado el creciente peligro de "desdemocratización" en América Latina. La organización "Transparencia internacional", "las Naciones Unidas", y la misma Unión Europea; han mostrado su preocupación sobre el creciente incremento de prácticas no democráticas en la región. Los informes dan alarma sobre el debilitamiento de las instituciones democráticas y jurídicas que sustentan el tenue Estado Social de Derecho contemplado en la tradición constitucional del continente, por lo menos, desde la década de los 70. Entre las múltiples formas de estrechar las estructuras modernas y modernizadoras de las sociedades, recientemente se ha echado el guante al abuso de conceptos íntimamente vinculados con la ética y la empresa. Nos referimos al uso selectivo de la RSE como arma política para fustigar al sector privado.

Como hemos venido analizando a lo largo de este año en el marco de los post publicados en el blog de industria y servicios de la plataforma virtual de debates "creemos el futuro", la RSE es un concepto que raya entre fronteras indeterminadas. Una de esas zonas limítrofes que configuran los espacios "grises" entre lo que es la RSE y la obligación jurídica, está relacionada con la tesis que asocia a la RSE con responsabilidad obligatoria del empresario previamente tipificada en las legislaciones, inclusive, punitivas. Algunos Estados latinoamericanos, tal y como se constata en la acción administrativa y de gobierno, han construido todo un enramado de coerción al empresario por vía de la RSE. Ante la debilidad de las estructuras económicas del sector privado en Latinoamérica, las clásicas exacciones tributarias ven tocar el límite máximo antes de ingresar en los predios de la confiscatoriedad. Es decir, buena parte de los Estados latinoamericanos que han revivido las nociones sobre el extinto socialismo real, ya no puede ajustar mayores alícuotas en los tributos conocidos, así como resulta una flagrante violación a la Constitución, la creación de otros hechos imponibles artificiales o fuera de la racionalidad económica.

Ahora bien, nos preocupa que para suplir esta voracidad fiscal, los Estados aludidos le echen guante al concepto de la RSE como forma de ir cercando la libertad empresarial. La RSE debe poseer un marco jurídico básico para evitar transformarse en mera "filantropía empresarial". Sobre este aspecto estamos de acuerdo. No hay dudas al respecto. Pero, de allí a convertirla en instrumento de persecución contra la empresa privada es completamente perverso, cuando no contraproducente contra la misma RSE. Por ejemplo, en la próxima reforma anunciada de la Ley del Impuesto Sobre La Renta en Venezuela, la RSE es excluida de las deducciones o beneficios tributarios para los contribuyentes. E incluso, se ha planteado en el seno de la Asamblea Nacional (el equivalente a las Cortes españolas) la creación de un impuesto para la RSE.

El empresariado, y por sobretodo, el que se conduce entre economías subdesarrolladas, ve con suspicacia cualquier fórmula que implique usar parte de sus recursos para actividades no reproductivas de su negocio. Y las regiones que forman estos Estados, por lo general, vislumbran al empresario como un hombre egoísta al cual se debe moralmente explotar para que cubra lo que en principio es responsabilidad del Estado. Frente a este peligro, ¿qué opinan ustedes?.

Yo sigo a lo mío, intentando venderos las bondades de este producto nuevo y reluciente a medio camino entre el activismo y la empresa, que bauticé como responsabilidad social global, por parte de las empresas, claro está.

En mi anterior artículo sobre este tema, Jaizki dijo en uno de los comentarios que dejó, la siguiente frase:

“Creo que a una empresa se le debe pedir exactamente lo mismo que a un particular, que cumpla la ley.”

Y no puedo estar más de acuerdo. Punto uno.

Punto dos: uno de los múltiples achaques del mundo empobrecido es la corrupción que sufren sus ciudadanos en su relación con autoridades de todo tipo y función. Todos hemos oído hablar de las coimas en las fronteras africanas, por ejemplo, o de los pagos a vigilantes de puertos africanos para que hagan la vista gorda a la partida de cayucos. Pues bien, no son sólo los individuos y estamentos africanos los que incurren en corrupción, y hasta yo diría que el montante total de esa corrupción podría ser insignificante frente a lo que consiguen las grandes empresas que comercian con esos países por hacerse con la mejor porción del “pastel”. Y esas empresas a menudo son de los países que más nos quejamos de esa corrupción imperante en el tercer mundo, y a menudo están subvencionadas con ayudas estatales a la exportación de más que dudosa moralidad.

Y es que “Las compañías que sobornan frustran decisivamente los mejores esfuerzos de los gobiernos de países en desarrollo por mejorar la gobernabilidad y, de ese modo, perpetúan el círculo vicioso de la pobreza”, según cuenta Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional, en un informe muy revelador. Resumiéndolo mucho, se hicieron preguntas a empresarios de 125 países, sobre su percepción de la corrupción en el suyo. En esa página aparecen las estadísticas para los treinta países más exportadores, y un índice más alto implica una menor corrupción. Obsérvese que nadie pasa del “notable”. Y es que el tercer mundo es rico, pero no les dejamos darse cuenta de ello ni mucho menos aprovechar esa riqueza en igualdad de condiciones. El “pastel” está demasiado rico como para compartirlo.

¿Cómo frenar esa invasión a base de sobornos y que los países empobrecidos puedan empezar a luchar efectivamente contra la corrupción?

Mi propuesta es que la responsabilidad social global tiene algo que decir al respecto.

Tengo la convicción de que parte de la situación de pobreza de muchos millones de personas está relacionada con el sistema económico global que “padecemos”, llamémosle como queramos. Y a escala global en ese sistema los individuos somos objetos pacientes de las acciones de los verdaderos sujetos agentes, las empresas. Son éstas las que deben cambiar si se quiere un sistema diferente. Y una forma muy sencilla de que lo hagan es que empiecen a respetar la legalidad y la moralidad en sus tratos con otras empresas, con los gobiernos y por supuesto con los individuos como trabajadores y clientes.

Por completar:

“Es una hipocresía que las empresas basadas en países miembros de la OCDE continúen dispensando sobornos por todo el mundo, mientras que sus gobiernos sólo aplican la ley mediante la retórica y no en los hechos. El Índice de Fuentes de Soborno de TI indica que esos países no hacen lo suficiente para desmantelar el soborno transnacional” .

“Los encuestados en países africanos de menor ingreso, por ejemplo, identificaron a las compañías francesas e italianas como algunos de los mayores infractores.”

Pero España es la número trece en esa clasificación. ¿Hacemos lo suficiente?